Casi medio millón de euros le va a costar a los ceutíes (440.000 euros) la suma de indemnizaciòn que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decretado en su auto condenatorio a la Ciudad Autónoma en favor de la empresa de recogida de basuras TRACE.

El Tribunal ha declarado que la Ciudad Autónoma se ha beneficiado por enriquecimiento injusto de la labor de la empresa de recogidas de residuos sólidos urbanos cuando en 2016, siendo Emilio Carreira consejero de Medio Ambiente, responsable de este área, ordenó a la empresa TRACE a recoger los residuos de los cuarteles de la ciudad, que no estaban bajo el paraguas del contrato de adjudicación.

Ante la imposibilidad de abonar tal factura generada al no estar contemplada en los requísitos de la adjudicación, la empresa se vio obligada a recurrir a los Tribunales -único modo de resarcir el gasto sin que la admnistración cayera en una posible prevaricación por mala administración de fondos públicos-. En aquélla época el sindicato de cabecera en TRACE capitaneado por el hoy secretario general del PSOE, 'acosó' incluso por la calle al consejero Carreira que no podía abonar las cantidades extra generadas por su 'orden' a la adjucataria. Momentos aquéllos tensos entre la propietaria de la empresa y la Ciudad, que generó, incluso, el ánimo de abandonar el servicio previa compensación. "La contratación por TRACE de dos trabajadores de Limpiasol (antigua adjudicataria de los cuarteles), y la denuncia por los servicios prestados y no cobrados sirvieron para frenar los alborotados ánimos de entonces", refiere una fuente muy cercana a aquellos lances empresario-políticos.

Aquéllos episodios de tensión, junto a otros, motivaron el 'acuerdo' de ser denunciado el impago por el denominado 'enriquecimiento injusto' es decir, la prestación de un servicio hecho, reconocido y no abonado. Por tanto de asumir la denuncia y esperar al fallo de los tribunales. La defensa de la Ciudad con "escueto" informe no ha convencido al Alto Tribunal para emitir su juicio definitivo. 440.000 euros que la Ciudad debe abonar fuera del original contrato de adjudicación, obligada por una sentencia judicial y no por acto propio en el que hubiera incurrido en delito. "Parece ser como ese acuerdo típico de 'no te puedo pagar, denúnciame y cobrarás", apunta la fuente a la que ha tenido acceso este medio para rememorar los acontecimientos de aquellos años.