La ONG Amnistía Internacional ha exigido a Marruecos que acabe con el acoso y la persecución judicial al periodista español Ignacio Cembrero, después de que denunciara haber sido espiado a través del software de vigilancia Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

El reportero español, con amplia experiencia en el Magreb, se encuentra a la espera de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid tras declarar el pasado 13 de enero por una denuncia del Reino de Marruecos por una supuesta "acción de jactancia", al divulgar este presunto caso de espionaje.

“Ignacio Cembrero no tendría que haber tenido que afrontar este juicio absurdo en el que se pide que la posible víctima de un delito como el de espionaje no pueda hablar sobre ello. El acoso y la persecución constante de las autoridades marroquíes a Cembrero deben terminar de forma inmediata, son un ataque a su libertad de expresión y un aviso a cualquiera que quiera informar sobre sus políticas”, ha defendido en un comunicado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Beltrán no solo ha pedido la “la lógica absolución” del periodista, sino que el gobierno español promueva que la Fiscalía realice una investigación independiente sobre el espionaje al que habría sido sometido. Una petición que prácticmente coincide en el tiempo con la resolución del Parlamento Europeo que exigió a las autoridades marroquíes que cesen la vigilancia masiva contra los periodistas y que respeten la libertad de expresión en ese país.

De hecho, la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagaza, defendió ante el Pleno de la Eurocámara el trabajo de periodistas como Ignacio Cembrero, por su trabajo independiente y continuado pese al hostigamiento de Marruecos.

Esta no es la primera acción judicial del entorno del gobierno contra Cembrero: en 2014, presentaron una querella y una denuncia por "enaltecimiento del terrorismo" contra él que tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía General del Estado español arhivaron, y en 2015, la demanda de un empresario vinculado los servicios secretos marroquíes le demandó por “intromisión al honor”, cargo del que fue absuelto tras un juicio civil.

Esta petición de Amnistía Internacional se une a las declaraciones de apoyo al periodista de Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la que es socio.