
Contubernios políticos descubiertos en una Ceuta con olor a corrupción
La semana nos ha llevado a ver que un periódico digital "El Debate" ha puesto a nivel nacional la trama política corrupta de Ceuta con nombres y apellidos. Una situación conocida, intuida, pero a la que había que ponerle identidades y pruebas. Así se ha hecho para sorpresa de algunos y estupefacción de otros con el PSOE en primera línea de sospecha. Pero me temo que esto es solo rascar en la superficie. Aquí se huele de todo y hay más protagonistas, vinculaciones estrechas con políticos, técnicos, influencias, contactos... mientras que el septuagenario presidente de la ciudad apela en el último cónclave popular al tango de Carlos Gardel y su "veinte años no es nada".
Alejandro Entrabasaguas, un periodista de investigación de acreditado prestigio ha sido el artífice de desenmascarar a algunos trileros de la política local, a esos "personajes grotescos" según Vox, a quienes amparados en el poder, manejan hilos de corrupción para sus bolsillos.
Que el intermediario en un pretendido pacto de PSOE con el partido de Javier Guerrero "Ceuta Avanza", llame 'lanchero' al sectretario general socialista es redundar en el calificativo que le otorga Vox en los Plenos "amigo de lancheros" y tanto solivianta al presidente del Comité de Empresa de Trace y Rey Mago republicano en la última cabalgata de Reyes.
"El Debate" nos ha situado no solo en el escenario de una aberrración mafiosa de plantear acuerdos por debajo de la mesa antes de las elecciones del 28 de mayo, sino cómo desde instituciones públicas, Ministerio de la podemita Ioane Belarra y desde Procesa, se riega con fondos públicos a empresas en pérdidas de un empresario que se ufana de que está para ganar dinero (de todos nuestros impuestos).
Este dislate lleva a un objetivo: se ha querido matar en vida las legítimas aspiraciones de un médico que aspira a concurrir en las próximas elecciones políticas del 28 de mayo con partido localista propio. Y ello, sin dudar, jamás de una institución como la Guardia Civil que, en medio de toda esta vorágine, habrá realizado como siempre, una labor impoluta. En esta tempestad generada debe haber todo tipo de 'pescadores' para aprovechar las aguas revueltas. Incluido los que quieran desviar atenciones para acallar, minimizar, silenciar, el hecho de que ha habido un intento de extorisión política en la que la Fiscalía estará presta para actuar de oficio, o eso debería.
Pero, ya conocemos cómo actua el Gobierno de la Nación en materia de injerencias en el Poder Judicial con bochornosos espectáculos en favor del independentismo y los golpistas catalanes, así como con los beneficios para el fugado Puigdemont, los indultos a todos ellos y la desaparición del delito de sedición. Un Código Penal a la carta y luego, como en el "solo sí es sí" con violadores a la calle y culpando después a los jueces que sólo aplican la modificación legislativa.
En Ceuta, como bien ha escrito Ramón Rodríguez, mente lúcida y analítico, acaba de destaparse la 'Caja de Pandora'. Y sus efectos ya ha conocido cómo empieza pero no como acabará. A buen seguro que, como en toda guerra, se producirán daños colaterales. Mientras los hechos, poniendo sobre el tapete que Vox lleva razón en todo cuanto ha dicho de tramas mafiosas, chiringuitos clientelares y redes extendidas en instituciones al servicio de empresarios como Juan Goñi con empresas en pérdidas que reciben suculentas cantidades de dinero público sin el control que sería exigible para evitar un enriquecimiento ilicito. Y ahí sí ha de entrar la Fiscalia Anticorrupción ante denuncia de partidos, sindicatos o particulares o incluso de oficio, asi como el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Hacienda. El escandalo con el destino fraudulento del dinero público es tan aberrante como ilegal y constitutivo de presunto ilícito penal. ¿Aquí no interviene de oficio la Fiscalía que sigue con tanto celo otros asuntos?
Estamos ante una vorágine de presuntos delitos concatenados que afectan a Gobierno y políticos locales. Es una exigencia de higiene democrática levantar las alfombras y poner patas arriba el Ayuntamiento junto a las sociedades municipales intervinientes en este tráfico de influencias escandaloso y de claro favoritismo.
A lo peor, más pronto que tarde pudiera darse el caso de alguna detención para esclarecer subvenciones, adjudicaciones, métodos de tramitación, para comprobar si se cumplen o no los preceptos legales con la escrpulosidad que, en el caso de Juan Goñi parece que no se produjeron. Aún queda mucha tela por cortar.
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