Dos trabajadores de la Autoridad Portuaria, que obtuvieron sendas plazas el pasado 1 de junio como técnicos de Sistemas de Información y Comunicaciones tras pasar un concurso de méritos, reconocieron este martes ante la juez María Francisca Lorite Martínez, responsable del Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta, ser familiares de dos responsables del ente portuario ceutí, los que forman parte de la denominada Comisión Local de Competencias, es decir quienes marcan el diseño de los perfiles para las plazas a ocupar en la propia Autoridad Portuaria.

Los beneficiados por la plazas confirmaron ser uno de ellos el yerno del responsable de Recursos Humanos, miembro de esa Comisión Local de Competencias, y ex miembro del Comité de Empresa por UGT en el Puerto de Ceuta; y el segundo señaló, a preguntas en la sala, ser cuñado de quien es miembro del Comité de Empresa por CCOO, miembro del Consejo de Administración del Puerto por ese sindicato, y miembro también del Comité Local portuario que diseña y establece los perfiles para las nuevas plazas portuarias.

La Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (FESEP) presentó deuncia por estos hechos considerando que pudiera existir 'Desvío de Poder' y 'Vulneración en los Derechos Constitucionales'. Admitida la denuncia, el juicio se llevó a cabo este pasado martes.

En la Sala, los letrados de la Defensa y la Abogacía del Estado, representando a la Autoridad Portuaria, trataron de ofrecer causas y motivos bien de suspensión, bien de aplazamiento. Excepciones que dijo tener en cuenta la Juez, pero que sin embargo mantuvo el criterio de continuar con el juicio oral. Se dieron por repoducidas las pruebas documentales y en fase de testificales los beneficiados por las plazas, citados en el juicio, confirmaron sus relaciones familiares con quienes establecen las bases, los perfiles y el número de plazas a cubrir en la Autoridad Portuaria.

La juez María Francisca Lorite, tras la celebración de la vista oral, y después de conocer el tenor de lo respondido por los testimonios, asì como la aportación documental de pruebas entregadas por la acusación, debe deliberar si lo que ha intentado quedar acreditado, es decir, que no se haya informado de la convocatoria de plazas adecuadamente por los cauces oportunos y solo a través de la web; que no se haya respondido desde la Presidencia de la Autoridad Portuario de la información requerida a una de las partes por esta misma convocatoria (quedó en entredicho que no hubo información trasladada a una de las partes, ni de la creación ni la convocatoria de esas plazas, que la solicitó hasta en dos ocasiones), son figuras fuera del ordenamiento legal.

La magistrada ha visto para sentencia este juicio del que pudiera haberse acreditado la vulneración de los derechos constitucionales en base a los principios de Igualdad, Mérito, Capacidad, Transparencia y Seguridad Jurídica en oposiciones y concursos ante la Administración Pública y el presunto 'Desvío de Poder' achacables a los responsables portuarios del diseño de estas plazas. Circunstancias que, de sostenerla la juez, derivaría en la posibilidad, al menos, de revocación de los nombramientos.