Desde la aprobación de la Ley del Menor del año 2000, diversas entidades (sobre todo las de sin ánimo de lucro) han copado las adjudicaciones de los centros de tutela y esta situación le ha venido a la Administración central como anillo al dedo, ya que se desentienden totalmente de su supervisión.

Esta situación de los menores no acompañados (MENA) se ha convertido en una industria muy lucrosa, siendo un negocio híbrido en el que se mezclan proclamas de índole caritativa con una lógica de mercado muy suculento. No parece que exista voluntad política de tener un sistema de protección de menores y apoyo a los niños y niñas dentro de la comunidad más allá, de los mínimos legales exigidos.

Los MENA se embarcan a la aventura migratoria con la fascinación de cumplir sus sueños de infancia y adolescencia, chavales que con muy corta edad se separan de su núcleo familiar, creyendo que van a disfrutar de una libertad sin límites ni condiciones. Se ven obligados a salir de sus casas por no poder ser mantenidos ni al poder recibir educación por parte de sus padres.

El desamparo de las instituciones hacia ellos, da pie a que estos menores sean utilizados como chivos expiatorios abandonados a su suerte cuando alcanzan la mayoría de edad, son la víctima perfecta para ser embestidos por parte de partidos políticos que demonizan la imagen de estos.

Por ello es conveniente e importante dejar de instrumentalizar por parte de partidos políticos a estos jóvenes convirtiéndolos en estrategias electorales que nada tienen que ver con ellos, porque no son culpables de que en su país de origen no sepan o no quieran dar esa protección que merecen.

Lo que hay que abanderar es la lucha, tanto por los menores nacionales como extranjeros  tutelados y dejen de ser un negocio lucrativo para organizaciones privadas, por ello la respuesta de las instituciones debe dejar de ser tan laxa. Vivimos en un país donde no existe la cultura de los Derechos Humanos y al no existir no tenemos mecanismos legales de protección de los mismos.

Sé que los ceutíes están bastante preocupados con este tema y no es para menos, pero lo que sucede en nuestra ciudad con los MENA es obligación de la Administración ceutí el encontrar soluciones y rápidas, y todas las partidas presupuestarias recibidas vayan dirigidas en exclusividad para estos menesteres. Ceuta va a recibir casi 5 millones de euros para la atención de estos jóvenes. ¿Qué piensa hacer el Gobierno Local? Cada año Ceuta recibe millones para esto, pero desconocemos su destino real. ¿Cómo lo invierten? Tenemos serias dudas respecto a qué se hace con el dinero. No hay transparencia.

Aunque el actual ejecutivo local no incurre en discursos de odio, pero sí en el desamparo y exposición que han sufrido algunos de estos chavales recientemente con lo ocurrido, y que han sido alentados para que vertiesen acusaciones falsas, sí falsas, porque se ha demostrado que lo son. Con todo esto se han vulnerado sus derechos y todo para llevar a cabo una campaña difamatoria contra el facultativo Javier Guerrero. Han sido utilizados estos menores como arma arrojadiza para lograr conseguir no sabemos muy bien el qué, pero los intereses ocultos que algunos tienen dejan más que claro que carecen de escrúpulos al aprovecharse de menores de edad.

Y por último añadir que aún no han rodado cabezas. Los menores son eso, menores. Da igual el lugar donde hayan nacido, hay que proteger sus derechos y la ley debería actuar de oficio. No se puede pasar de puntillas. Esto es muy grave y los culpables deben pagarlo.