VOX ha registrado una Proposición de Ley para modificar el padrón municipal en los casos de ocupación y de inmigración ilegal. Una medida con la que la formación busca que las administraciones puedan actuar con antelación y evitar que “situaciones antijurídicas sean dotadas de efectos jurídicos y, con ello, más difíciles y complejas de resolver en pro del bien común”. 

En definitiva, esta ley trata de impedir que tanto los okupas como los inmigrantes ilegales que han entrado en España y residen de forma ilegal puedan inscribirse en el padrón municipal y disfrutar, de esta forma, de derechos que ello concede. Para ello, VOX propone exigir que cuando se realice la inscripción sobre bien inmueble, se exija título o autorización para el empadronamiento para la persona que posea justo título sobre el inmueble sobre el que se pretende la inscripción en el padrón.

Esta PL también incluye que, en el caso de tratarse de una persona que se encuentra de manera ilegal en España, se haga constar expresamente en el padrón. VOX recuerda que el aumento progresivo de los casos de okupación en España “es evidente”.  Y es que, según los datos del INE este tipo de delitos han crecido en diez años un 450% pasando de 3.489 casos en 2011 a 17.274 en 2021. Además, entre enero y abril de 2022 se han producido una media de 50 casos de ocupación por día. 

Por otra parte, el partido subraya cómo “España está sufriendo una de las mayores crisis de inmigración ilegal de los últimos años”. Según los datos del Ministerio del Interior, del 1 de enero hasta el 15 de septiembre, se registraba la llegada de 25.169 inmigrantes ilegales. De ellos, 911 han llegado a Ceuta, la mayoría por la vía terrestre -860- y 111 por vía marítima. 

En el caso de la inmigración ilegal, advierte VOX, “son demasiados los casos en que las lagunas y contradicciones de un ordenamiento jurídico cada vez más complejo permiten crear apariencias de legalidad para situaciones que son radicalmente incompatibles con ella”. Así, VOX defiende que “se hace imprescindible llevar a cabo las modificaciones legislativas que pongan fin a las ambigüedades y contradicciones en cualquier campo de la legislación que pueda afectar a los inmigrantes ilegales.