Nada menos que 10 trabajadores de la Autoridad Portuaria de Ceuta, todos ellos miembros del tribunal calificador que propuso el presidente del ente, han pasado este jueves por las dependencias del Juzgado de lo Primera Instancia e Instrucción número 3 de los de Ceuta para, en fase de diligencias previas, someterse ante el juez a las preguntas que servirán para analizar si se ha producido -como se denunció- un caso de irregularidad en el proceso de adjudicación de una plaza de Responsable de Secretaría General y Asuntos Jurídicos en la Autoridad Portuaria de Ceuta. Por el juzgado también pasaron denunciantes y otras personas -también del ámbito portuario- que el juez estimó relacionadas, o que podrían aportar información.

Nombramiento conocido con antelación

La plaza y el posterior nombramiento recayó en quien hasta la fecha se había convertido en ariete contra la administración Vivas desde su puesto como jurídico de UGT, Ramón Lladó. Se dan las circunstancias de que CSIF informó a la Guardia Civil, con antelación y desde el momento en que se publicó la convocatoria de la plaza, de quién iba a ser la persona nombrada tras el proceso selectivo, hecho que se produjo a lo largo del mes febrero de este año.

"CSIF ya aportó a la autoridad competente toda la documentación que demuestra la relación del “candidato” seleccionado con miembros del tribunal y de la Dirección de la APC por si sus actuaciones fueran constitutivas o no de delito", dice en su información oficial el sindicato.

A diferencia del resto de Autoridades Portuarias de Titularidad Estatal en las que se establece un límite en la experiencia profesional de los últimos 5 años, dice CSIF que la Autoridad Portuaria de Ceuta “no limita los años de experiencia evaluables, que suponen el 50% de la nota, la diferencia la hace en evaluar la experiencia por meses o por años, con distintos porcentajes, según su propio interés o a veces a medida del candidato, como es en este caso”. El sindicato anunció que solicitaría la impugnación y la nulidad llegado el caso.

En estos momentos, esta situación, se dilucida en los tribunales. En el Palacio de Justicia no pasó desapercibido durante la mañana de este jueves el trasiego de trabajadores de la Autoridad Portuaria, miembros de un tribunal calificador, puesto en entredicho, y que fue nombrado por el presidente del ente, Juan Manuel Doncel.