El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria ha convocado una reunión para hoy, según explica en un nuevo correo Jorge Luis Loureiro Souto, técnico de Sistemas de Ayudas a la Navegación de esta entidad, el cual ha destapado esta última semana todos y cada uno de los “trapos sucios” del Puerto. Una denuncia que, además, no se va a quedar aquí, porque está a punto de difundirse todo el listado de irregularidades que Loureiro denuncia.

La convocatoria de este lunes ha sido firmada por el secretario del Puerto, Andrés Ortuño Cerralbo, “a quien denunciaré en los próximos días ante la Comisión de Garantías de Comisiones Obreras debido a un feo asunto”, ha adelantado Loureiro, quien explica de este modo esos hechos:  

“Hace algunos meses, el presidente de esta Autoridad Portuaria se negó a asignarme la plaza de encargado del servicio de Ayudas a la Navegación después de que se hubiera jubilado el anterior encargado, fundándose en una serie de informes plagados de mentiras y falsedades, que redactó la División de Recursos Humanos; también se negó a abonarme un plus de especial responsabilidad y dedicación relacionado con la prestación de servicio a cualquier hora del día y de la noche, tras lo cual solicité a los servicios jurídicos de CC.OO. que interpusieran una demanda en el Juzgado de lo Social para reclamarlo, entregándoles la correspondiente documentación (acompañado por el enlace sindical: Andrés Ortuño Cerralbo), pero transcurría el plazo de presentación de la demanda y el abogado de CC.OO. no la presentaba. Mientras tanto, mis compañeros me decían: ¡no te fíes de Andrés Ortuño porque está metido hasta el cuello en los chanchullos que se realizan en Recursos Humanos y te la va a jugar!, ¡ya verás cómo dejarán que se agote el plazo, perderás la oportunidad de recurrir al juzgado y le darán la plaza de encargado a algún enchufado!

Pero yo confiaba en Andrés Ortuño, ¿por qué no iba a hacerlo? Al fin y al cabo, era mi representante sindical: ¿no estaba ahí para defenderme? Sin embargo, el plazo estaba a punto de agotarse y el abogado de CCOO (un tal Luciano) no había presentado la demanda —llevaba ya casi dos meses alegando excusas ridículas—, pero en aquel momento tuve la buena fortuna de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) acudiera en mi apoyo, y sus servicios jurídicos presentaron la demanda en el último momento. Por mi parte, solicitaré a la Comisión de Garantías de CC.OO. que suspendan de militancia a Andrés Ortuño Cerralbo y despidan a ese abogado. En otros tiempos CC.OO. era un sindicato decente: ¿qué diría de esto Marcelino Camacho?, ¿qué pensarían aquellos sindicalistas honestos que pasaron años de su vida en prisión por defender los derechos de los trabajadores? Seguramente, estarían tan asqueados como yo lo estoy, ¿para esto sirven los sindicatos?”

El Comité de Empresa de esta Autoridad Portuaria ha convocado la mencionada reunión para: unificar medidas a tomar ante las graves acusaciones hechas a través de un correo electrónico a varios trabajadores de esta autoridad portuaria, así como dar apoyo moral y el ofrecimiento de los servicios jurídicos (sic.)

Así, continúa el escrito:

“En efecto, las denuncias que he estado formulando durante los últimos días son tan graves que el máximo responsable de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel Doncel, debería ser cesado fulminantemente, nombrándose en su lugar a una persona que sepa estar a la altura de la situación. A mi juicio, también se deberían realizar unos cuantos despidos en esta Autoridad Portuaria, pues es sumamente grave que una pandilla de garbanzos negros ostente el control de algunos de sus órganos internos para ponerlos al servicio de la corrupción —en realidad, pienso que más de uno se debería pasar una temporada limpiando los retretes de la prisión de Fuerte Mendizábal, a ver si con ello aprenden—.

Si el Comité de Empresa quisiera apoyar moralmente a quienes en verdad son acreedores de ello, debería ofrecer su apoyo a los compañeros a quienes se ha abierto más de una decena de expedientes disciplinarios orquestados sobre falsas acusaciones, con la finalidad de coaccionarlos o de castigarlos por oponerse a las prácticas corruptas; a todas las personas que se han presentado de buena fe a los procesos selectivos que esta Autoridad Portuaria ha estado convocando durante los últimos años, a quienes se ha robado la oportunidad de acceder a un empleo público para favorecer a los allegados y a la parentela de una pandilla de delincuentes con traje y corbata; al ingeniero jefe del Departamento de Infraestructuras y Planificación: Carlos Sánchez-Urdazpal González, a quien pretenden jubilar contra su voluntad, conculcando la Legislación laboral vigente —y espero que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tome cartas en este asunto—, porque se ha negado a redactar el informe que necesitaba el responsable de Recursos Humanos para realizar un nuevo contrato de trabajo a la novia de su sobrino; o a nuestro anterior director técnico: César López Ansorena, a quien se ha despedido de improviso por haberse negado a ser una mera máquina de firmar lo que el presidente le ordenara —cuyo juicio ha quedado visto para sentencia recientemente y a quien esperamos tener pronto de regreso en esta Autoridad Portuaria—.

Señoras y señores del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Ceuta, si de verdad quieren presentar una denuncia en la fiscalía para restituir la Legalidad —tan maltratada últimamente en el seno de esta institución—, les adjunto un memorando que me han entregado recientemente, en el que se resumen —mejor o peor, pues a mi juicio está incompleto y no es del todo exacto— parte de las irregularidades que se han estado cometiendo en esta Autoridad Portuaria en materia de contrataciones y de promociones internas del personal desde que Juan Manuel Doncel Doncel ostenta la presidencia. ¡Estoy seguro de que el fiscal se lo agradecerá y sabrá cómo utilizarlo!

Recuerdo a Juan Manuel Doncel Doncel que tiene la obligación legal de denunciar los delitos que se cometan en el seno de esta Autoridad Portuaria, en lugar de apoyar a sus autores; en caso de que se niegue a hacerlo, también le recuerdo que el artículo 408 del vigente Código Penal prescribe:

Artículo 408. La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Así que él verá lo que hace”.