La clave de sostener un contrato de emergencia más allá de la emergencia, y que esta se prolongue por más de 12 meses desde la famosa invasión de Ceuta por decenas de miles de marroquíes (más de mil menores), es una de las causas de complicación administrativa que el Gobierno, aún trabajando en la licitación del servicio, está tratando de sortear y por la que no pasa fácilmente la Intervención de la Ciudad sin los informes técnicos que avalen la continuidad de la emergencia y el gasto de dinero público (1 millón aún por abonar). 

Estos retrasos provocan que SAMU deba adelantar los fondos (con retraso) de las nóminas mensuales de los trabajadores que ya hoy han salido a las puertas del Ayuntamiento con carteles exigiendo el cobro de agosto y culpando al Interventor de la Ciudad. No sólo lo han culpado los trabajadores... El PSOE, en una nota de prensa ha exigido al Gobierno del PP "que acabe de inmediato con los impagos a la Fundación SAMU para que sus trabajadores puedan cobrar sus salarios con normalidad", también ha puesto el foco en la figura del interventor.