En 2019, la ciudad recibió el premio a la mejor instalación de seguridad instalada en España, después de la labor previa de estudio, proyecto y ejecución de un sistema previsto para dotar a Ceuta de unas capacidades especiales de prevención y respuesta. Una apuesta de 2 millones de euros para 65 cámaras de videovigilancia fijas y móviles financiado con fondos FEDER y que su continuidad efectiva debe ser llevada anualmente para su respaldo legal al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dictaminó en 2018 su visto bueno tras el concienzudo trabajo técnico del Cuerpo Nacional de Policía, la labor de la Abogacía del Estado, el respaldo en su momento de la Consejería de Gobernación y, en definitiva, de la Comisión de Videovigilancia de la Delegación del Gobierno que llevó hasta el alto tribunal las necesidades de una instalación de tal calado en la ciudad autónoma.

Poco se sabe de si las cámaras instaladas prestan ya el servicio por el que estaban proyectadas que coordinó en su dia Procesa, pero las dudas se ciernen por el hecho de que Ceuta, lleva ya dos años, según datos que aporta el Parque de Bomberos de la Ciudad Autónoma, a la cabeza de las ciudades más vandalizadas de España dado el número de intervenciones que ha de realizar el SEIS por estos hechos (coches y contenedores).

Son ya 210 los contenedores quemados vandálicamente, con los dos de esta noche en la avda San Juan de Dios, justo enfrente de la instalación del CNP, en los poco más de ocho meses que llevamos de año. El mapa del vandalismo en Ceuta, que manejan los bomberos ceutíes, ubican estos actos por toda la geografía de la ciudad sin que, hasta la fecha, las administraciones hayan adoptado medidas concretas de lucha contra este mal social, más allá de la labor del CNP que opera no sin dificultades en un entorno donde el silencio y la falta de colaboración es una constante.

Pero, la pregunta ciudadana, ante tanto vandalismo es constante: ¿Funcionan las cámaras de videovigilancia?. Una respuesta que sólo puede dar a conocer la Ciudad Autónoma, cuya Consejería de Gobernación, junto con Delegación del Gobierno, deben mantener la operatividad legal de las cámaras  en Ceuta para que sean un instrumento eficaz en manos del CNP y de la Policía Local, informan fuentes jurídicas expertas en la legislación aplicable a videovigilancia.