El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la distribución de 4.500.000 euros a Ceuta para reforzar la economía de los cuidados y las políticas de igualdad e inclusión social, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Las comunidades y ciudades autónomas, así como las entidades locales, recibirán una inversión total de cerca de 900 millones de euros (899.988.386,38 euros), destinados a financiar diversas actuaciones en materia de economía de los cuidados, modernización de los servicios sociales, igualdad e inclusión social:

1. Plan de apoyos y cuidados de larga duración: actuaciones dirigidas a incluir nuevos equipamientos públicos y a remodelar los ya existentes, así como a invertir en equipamientos domiciliarios, con el uso de la teleasistencia avanzada y tecnologías similares. Esta iniciativa tendrá un impacto fundamental en todo el territorio, con especial incidencia en el medio rural, lo que contribuirá a reforzar la vertebración del país y a avanzar en cohesión social y territorial como objetivos fundamentales del Plan de Recuperación.

2. Plan de modernización de los servicios sociales: dirigido a favorecer la transformación tecnológica de los servicios sociales, con el fin de mejorar su eficacia y calidad.

3. Plan España País Accesible: el objetivo es seguir eliminando barreras en el acceso a los servicios de la administración pública, en la educación, en el trabajo o en el transporte, con el fin de construir un país más inclusivo en todo nuestro territorio para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
El Gobierno avanza así en su objetivo de construir un nuevo Sistema Estatal de Cuidados, que convierta la economía de los cuidados en un derecho en sí mismo, en línea con el compromiso del Ejecutivo con el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, esta inversión supondrá un impulso a la creación de empleo de calidad para contribuir a la recuperación de nuestro tejido económico.

 Plan de Acción de Salud Mental

Por otro lado, también ha destinado, a instancia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la propuesta de distribución territorial para el ejercicio presupuestario de 2022, con 16 millones de euros destinados al Plan de Acción Mental, de los cuales Ceuta contará con 53.521,11 euros. El acuerdo se someterá al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Estos fondos estarán gestionados por las comunidades autónomas y el INGESA, y servirán para impulsar las acciones del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, que tiene como objetivo afrontar los efectos en la salud mental de la población generados por la pandemia de la COVID-19, mediante el desarrollo de acciones priorizadas de la Estrategia de Salud Mental 20222026 en todos los ámbitos del SNS.

Las acciones, cofinanciadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas e INGESA, se llevan a cabo a través de seis líneas de actuación encuadradas en la optimización de la atención integral a la salud mental en todos los ámbitos del SNS, como por ejemplo mejoras en transformación digital. Además, en esta financiación se incluyen mecanismos y acciones para luchar contra la estigmatización de las personas con problemas de salud mental.

Otras de las líneas a financiar están relacionadas con el desarrollo del código riesgo contra la conducta suicida o iniciativas para prevenir y atender estos casos. Asimismo, se distribuirán fondos con el objeto del establecimiento de mecanismos y circuitos ágiles para la mejora del acceso a los servicios de salud mental de las personas con conducta suicida y para el desarrollo de iniciativas de prevención en personas en situación de vulnerabilidad, como personas mayores o población infanto-juvenil.

Además, los fondos servirán para el desarrollo de programas específicos para la ayuda y apoyo a los profesionales sanitarios y socio sanitarios con problemas de salud mental relacionados con su labor asistencial con el objeto de ‘cuidar al cuidador’. También se destinarán a acciones con las comunidades y ciudades autónomas para priorizar la implantación de programas de prevención con y sin sustancias.