Acabó la semana con un pronunciamiento de la Fiscalía en Ceuta por las devoluciones de menores en período de la invasión migratoria (de puertas abiertas de Marruecos para que vulneraran nuestra frontera del Tarajal no menos de 12.000 marroquíes, número que Marlaska aún no ha tenido tiempo de contabilizar con la ocultación de estos datos en las estadísticas migratorias), considerando que pudo cometerse una presunta prevaricación administrativa en el procedimiento seguido. Una denuncia que responde a la Asociación para el Desarrollo Integral, que a lo que parece, no aprecia ningún tipo de vulneración de los Derechos Humanos por parte de Marruecos, ni ha tenido los arrestos de llevar a altas instancias institucionales el tráfico de menores que ejerce el sátrapa marroquí y al que toda la izquierda ideológica teme más que a una vara verde. Parece que los países dictatoriales no entran en su metodología práctica de control por la cobardía endémica que demuestran con ellos.

Ninguna ONG que vive supuestamente de defender derechos y proteger a los vulnerables, han debido de apreciar ninguna vulneración de Marruecos en sus políticas de hechos consumados (Sáhara, Marcha Verde, aguas jurisdiccionales y el último episodio de hace un año que zanjó con energía la UE). 

El ordenamiento jurídico español en materia de inmigración ya caduco, exige una reforma a fondo en el ámbito legislativo para salvaguardar nuestras fronteras y proteger nuestra política de Estado en materia de inmigración ilegal, huyendo de concesiones bochornosas y genuflexas. Algunos voceros de este PSOE incapaz de gestionar una rigurosa política de defensa nacional ya se aventuran, junto a los sicarios mediáticos, a obviar la presunción de inocencia de las denunciadas por la Fiscalía de Ceuta y condenan en juicios mediáticos sumarísimos y torticeros cargados de odio, a ambas denunciadas por la Fiscalía: Salvadora Mateos como delegada del Gobierno en Ceuta y Mabel Deu responsable política de inmigración a la que apoya todo el Gobierno local que, por cierto, actuó en sintonía con el Gobierno de la Nación y el Ministerio del Interior.

Hasta esas altas instancias no alcanza en cuestión de responsabilidades la Fiscalía en Ceuta, consciente, tal vez, de que Pedro Sánchez presume que la Fiscalía depende del Gobierno como señaló cuando prometió que traería a Puigdemont, ante la sorpresa y estupefacción de los fiscales (el 6-11-2019). "La Fiscalía depende del Ejecutivo", dicho sin rubor en una entrevista en RNE. Ejemplo inequívoco de la injerencia del Gobierno social comunista en el sistema judicial. Habrá que preguntarse si la Fiscalía de Ceuta actúa a espaldas de la fiscal general del Estado que "depende" de Pedro Sánchez, su exjefe en el Gobierno. De momento "mucho ruido y veremos si pocas nueces" al final.

En Ceuta se están dando verdaderos casos fraudulentos con tráfico escolar de menores a los que la Fiscalía no pone el foco y, desde aquí le invito a intervenir de oficio: la escolarización fraudulenta en colegios públicos como el Príncipe Felipe con un 80% de niños en Educación Infantil y Primaria que no hablan nuestra lengua porque son marroquíes. ¿Dónde está la trampa? En el empadronamiento fraudulento en Príncipe Felipe, al que no se le hace el menor seguimiento y donde se registran hasta la friolera de ¡20 niños en un solo domicilio! Ahí deben entrar desde la Fiscalía de Menores por este tráfico de niños desde Marruecos para escolaridad sin ningún derecho, hasta la Dirección provincial de Educación, Delegación del Gobierno con la policía a su servicio y el área de Menores de la Ciudad para rastrear esta situación que denuncio desde aquí. Incluso se les ha sugerido a los profesores que aprendan a hablar en dariya como si se quisiera imponer en Ceuta la inmersión lingüística que tanto censuramos del independentismo catalán, aunque aquí bajo la fórmula de "convivencia" promarroquí para llevar a nuestras aulas una subrepticia fórmula de invasión pasiva con la tolerancia de todas las instancias oficiales mencionadas que incurren por omisión en responsabilidad y a quienes corresponde velar por nuestra integridad territorial y social.

El secretario general del PSOE que ya se ve de presidente de la Ciudad en vez de hacer tantas  payasadas de visitas a barriadas para sacarse la foto (donde parece que le ha puesto veto al sumiso PP para que le deje el espacio a él), debería preocuparse de estas irregularidades tan manifiestas que demuestran cómo se pone en cuestión la españolidad de Ceuta. Y profundizar en ellas.

La Fiscalía de Menores ha de actuar más pronto que tarde en estos fraudes de empadronamiento para adquirir derechos de escolarización que son nulos de pleno derecho. Y encima, un tráfico fronterizo irregular de menores. De no hacerlo de oficio se estará cayendo en la complicidad de situaciones irregulares escandalosas con responsabilidad legal. A ver si van a surgir muchas más prevaricaciones administrativas, además de las que se les atribuyen a Salvadora Mateos y Mabel Deu. Han de pedir testimonio a los profesores y al director del Príncipe Felipe y hacerle el seguimiento a la domiciliación del alumnado para llegar a los pisos-patera con menores utilizados de por medio. Eso sí es gravísimo y hasta ahora se mira para otro lado. Y si no, ponerse en la frontera y comprobar por qué han venido desde Marruecos a diario niños a la escuela de Ceuta sin residir aquí. Es la marroquinización latente que ninguna ONG visibiliza ni tampoco le importa. Y exíjanle a Marruecos que cumpla los tratados internacionales y deje sus pretensiones anexionistas bajo amenaza de duras sanciones.