La Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, a través del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta (OASTCE) ha gestionado un total de 393 expedientes sancionadores por incumplir la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos desde que en el mes de agosto de 2021 se hiciera cargo, mediante una encomienda de gestión, de su tramitación íntegra.

De los 393 expedientes, 144 ya se han resuelto definitivamente, 62 se encuentran pagadas, y 171 denuncias se han calificado (27 leves, 105 como graves o muy graves y 39 por abandono de vehículo ), y el resto siguen su trámite ordinario.

Servicios Tributarios ha asumido el procedimiento completo, que incluye la realización de las actuaciones previas a la iniciación del expediente – tras la denuncia, en su caso de la Policía Local-, el informe y los actos de instrucción necesarios para su resolverlo, así como responder a los recursos administrativos que interpongan los interesados.

Con el refuerzo de los mecanismos sancionadores la Administración no pretende un fin recaudatorio, sino  combatir la falta de civismo y concienciar a los ciudadanos de la importancia que tiene el debido cumplimiento de las ordenanzas municipales que señalan y prohíben los comportamientos que derivan en el abandono y vertido de residuos en los espacios públicos. Son conductas sancionables, por ejemplo, tirar la basura fuera de hora, en el exterior de los contenedores o arrojar residuos en zonas no autorizadas.

También está absolutamente prohibida cualquier conducta que pueda ir en detrimento del aseo y la higiene de los espacios públicos y se contempla como falta grave abandonar muebles, enseres domésticos, trastos viejos, materiales residuales, procedentes de pequeñas reparaciones en los domicilios; la manipulación, extracción o rebusca de basuras; y utilizar contenedores para residuos para los que no estén autorizados.

Tras la entrada en vigor de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Que se actualizó en febrero de 2020. la cuantía de las infracciones es de 100 a 750 euros, en el caso de las leves; hasta 1.500 euros si se trata de graves y de un máximo de 3.000 si son infracciones muy graves. La vigencia de esta encomienda tiene carácter indefinido y en ningún caso supone la cesión de la titularidad de la competencia.