Un viaje de Cataluña a Granada de 1995
Era un día de enero de 1995, o sea, hace 24 años, cuando por primera vez un matrimonio residente en Cataluña decidía que sus hijos se fuesen de la Comunidad autónoma al rechazar la inmersión lingüística de la Generalitat.
Los hijos mayores de una familia de Hospitalet, que exigían la enseñanza en castellano, se marchaban a un colegio público de la localidad granadina de Ugíjar, donde fueron matriculados por sus padres después de estar dos semanas sin escolarizar.
El matrimonio C.R., que no había recibido ninguna respuesta su petición desde la Generalitat, decidió poner una querella contra la Administración catalana por daños y perjuicios, ya que consideraba que la marcha de sus hijos y la consiguiente separación de ellos les iba a ocasionar además de gastos un perjuicio moral.
Los escolares, S. y B, tenían entonces ocho y diez años y habían estado estudiando en su casa durante los últimos días. La marcha a la localidad granadina venía motivada por ser la residencia de los padres de la madre, L.R.
La separación familiar era un hecho ya que los padres tenían que quedarse en Tarragona con otro hijo de tres años por motivos laborales. Según se recogió en algún medio de la época, el padre B.C, había decidido también desplazarse a Granada, pero tras unas amenazas telefónicas y varias pintadas decidió permanecer junto a su mujer y el hijo pequeño.
La familia había remitido una carta al colegio de Hospitalet en la que exigían la enseñanza en castellano basándose, entre otras normas, en la LOGSE, que reconocía la primera educación en la lengua materna entre los 6 y los 12 años. La Generalitat aplicaba la enseñanza “individualizada”, en la que los profesores traducían al castellano lo explicado en catalán, entre los 3 y los 6 años de edad. Después de este caso, otras siete familias retiraron a sus hijos durante una semana de clase en solidaridad con la familia, y en señal de protesta contra la inmersión lingüística.
En aquel entonces, la Coordinadora de Afectados en Defensa del Castellano (CADECA) difundía un comunicado en el que mostraba su “solidaridad” con dicha familia.
Era un día de enero de 1995, o sea, hace 24 años, cuando por primera vez un matrimonio residente en Cataluña decidía que sus hijos se fuesen de la Comunidad autónoma al rechazar la inmersión lingüística de la Generalitat.
Los hijos mayores de una familia de Hospitalet, que exigían la enseñanza en castellano, se marchaban a un colegio público de la localidad granadina de Ugíjar, donde fueron matriculados por sus padres después de estar dos semanas sin escolarizar.
El matrimonio C.R., que no había recibido ninguna respuesta su petición desde la Generalitat, decidió poner una querella contra la Administración catalana por daños y perjuicios, ya que consideraba que la marcha de sus hijos y la consiguiente separación de ellos les iba a ocasionar además de gastos un perjuicio moral.
Los escolares, S. y B, tenían entonces ocho y diez años y habían estado estudiando en su casa durante los últimos días. La marcha a la localidad granadina venía motivada por ser la residencia de los padres de la madre, L.R.
La separación familiar era un hecho ya que los padres tenían que quedarse en Tarragona con otro hijo de tres años por motivos laborales. Según se recogió en algún medio de la época, el padre B.C, había decidido también desplazarse a Granada, pero tras unas amenazas telefónicas y varias pintadas decidió permanecer junto a su mujer y el hijo pequeño.
La familia había remitido una carta al colegio de Hospitalet en la que exigían la enseñanza en castellano basándose, entre otras normas, en la LOGSE, que reconocía la primera educación en la lengua materna entre los 6 y los 12 años. La Generalitat aplicaba la enseñanza “individualizada”, en la que los profesores traducían al castellano lo explicado en catalán, entre los 3 y los 6 años de edad. Después de este caso, otras siete familias retiraron a sus hijos durante una semana de clase en solidaridad con la familia, y en señal de protesta contra la inmersión lingüística.
En aquel entonces, la Coordinadora de Afectados en Defensa del Castellano (CADECA) difundía un comunicado en el que mostraba su “solidaridad” con dicha familia.
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