La Administración española firmó en 1957 un Convenio de colaboración jurídica con Marruecos, actualmente en vigor y sin que fecha de hoy se haya denunciado por ninguna de las partes. En su exposición de motivos, dicho Convenio dice:

“ Su excelencia el Jefe del Estado Español y Generalísimo de los ejércitos nacionales Don Francisco Franco Bahamonde y Su Majestad el Sultán de Marruecos, en el deseo de manifestar el espíritu de leal colaboración que les anima, han decidido concluir un convenio que fije las condiciones cuales España presta su ayuda a Marruecos en materia judicial.

En consecuencia el Gobierno español se declara dispuesto a poner en disposición del gobierno marroquí, a petición de éste, los funcionarios de la Administración de Justicia española que considere necesarios para el funcionamiento de los tribunales marroquíes y para la formación de magistrados marroquíes. …. ,

… , y especialmente los establecidos en el Norte de Marruecos.”.

En su breve exposición de motivos, y particularmente en su art. 1º, la Administración española ya vislumbraba los posibles problemas que los particulares, familias, empresas y relaciones comerciales españolas (los españoles) que iban a tener en el futuro y después de retirada en 1956 de la Administración española del Protectorado Español en Marruecos. Preciosa herencia que nuestro actual “Gobierno de Sánchez” está dispuesto a olvidar y prodigar. ( Prodigar: término jurídico que se aplica a la persona que malgasta su caudal con ligereza, poniendo con ello en peligro injustificado su patrimonio, con perjuicio de su familia cercana).

Después de la retirada de España del “Norte de Marruecos” ( zona castellano parlante), quedaron atrapados en el precario sistema de justicia marroquí, y por varias generaciones, aquellos españoles que durante casi un siglo habían potenciado y contribuido fructíferamente a las relaciones hispano-marroquíes. Dichas relaciones no sólo no han quedado extinguidas sino que seguimos “prisioneros“ de ellas en el mejor sentido de la palabra, continuando su camino en la historia y potenciando actualmente a través de la “migración económica”.

Ahora que España es el primer país inversor extranjero en Marruecos, y siendo además Marruecos socio preferente de la Unión Europea, no podemos entender como la Administración Española (Consulado General de España en Tetuán) obvia y deja sin apoyo a aquellos españoles y empresas de españolas que operan en Marruecos sin la merecida seguridad jurídica del art. 9.3 C.E. y la tutela efectiva de los jueces y tribunales que proclama el art. 24 C.E. Desvaliéndolos de un de un interesante instrumento jurídico en la defensa de sus intereses.

Viene a colación el actual padecimiento de este empresario de 60 años, español de origen y nacido en Tetuán (Marruecos), y cuya historia es reflejo de esta dejadez por parte de la Administración española y del abuso de la policía, la justicia y tribunales de Tetuán. Basta con reproducir la carta que el pasado 12 de noviembre se registró en el Consulado General de España en Marruecos para conocer de primera mano y sin anestesia lo que pasa en la tela de araña de los tribunales de Tetuan.

(Los documentos: La notificación judicial irregular, la sentendencia condenatoria contra el marroquí, Khalil Amrani, antiguo trabajador del empresario y la Carta al Consulado español de Tetuán explicando los hechos, se reproducen al final)

Khalil  Amrani El Paaza. Estafador condenado a SEIS MESES DE PRISIÓN por apropiación indebida-abuso de confianza por el  tribunal Instrucción penal y primera instancia de Tetuán, el 10 de octubre de 2017.

El “ nuevo rico “, estafador condenado, y dueño de una conocida inmobiliaria 'Paloma Blanca' de Cabo Negro y varios apartamentos de su propiedad - La Cassia (Martil), enriquecido injustamente a costa del patrimonio de un empresario español, que se jacta en público de conocer y ser amigo personal de todas las autoridades de Tetuán (Fiscal General, Fiscal del Rey, Magistrados de los tribunales, agentes judiciales y policía de TETUAN), que según él, alguno de ellos es vecino y cliente de dicha INMOBILIARIA EN EL COMPLEJO TURÍSTICO Y RESIDENCIAL DE LUJO “LA CASSIA”. Delincuente al que las autoridades españolas del Consulado de España en Tetuán lo atienden a mesa y mantel y están encantados de otorgarle y renovarle visados a España y Unión Europea.

Coacción y falsedad

Utilizando medios de coacción y falsedad en documentos públicos para condicionar los actos administrativos y judiciales, para favorecer y demorar sus procedimientos judiciales a su interés y conveniencia, incluso alargando y dilatando plazos judiciales del procedimiento penal en su contra,  y agilizar en lo posible la ejecución laboral ILEGAL E INJUSTA en su beneficio. Actos tales como  por ejemplo la falsificación de un acta judicial a través del agente judicial (Mehdi Ahbar), que a continuación se reproduce como prueba de lo anterior el video por el que se realiza un acto de notificación improcedente fuera de horario normal de la Administración y mediante la connivencia y presunto favores de la Policía y la Administración de Justicia de Tetuán.  

https://www.youtube.com/watch?v=Vp0j83e0_b0&feature=youtu.be)