El gobierno está enfadado con el Tribunal Constitucional. Haber declarado ilegal el primer estado de alarma decretado por Pedro Sánchez a causa del Covid-19 los ha soliviantado.

Dos ministras, —ambas jueces—: Pilar Llop, recién estrenada en Justicia y Margarita Robles, ministra de Defensa; y un ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Punpido, a la sazón miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales, han escenificado la frustración del Ejecutivo. Ninguno de ellos ha recurrido en sus soflamas a una falta de argumentos jurídicos. Lo que me lleva a pensar que su enfado se debe más al hecho de que las presiones del Ejecutivo sobre los vocales del TC no hayan prosperado como esperaban.

—Los hechos han sido denunciados por la vicepresidenta del alto tribunal, señora Encarnación Roca, que no solo ha expuesto las recibidas en persona, sino que también las de sus compañeros—.

En enfado se ha saldado dialécticamente: Pilar Llop ha defendido las medidas tomadas por el gobierno, sin llegar a reconocer que no eran compatibles con la declaración de estado de alarma, sino con las de un estado de excepción.

El ex fiscal general, tras haber fracasado su intento de conformar una mayoría favorable al Ejecutivo, ha emitido un crítico voto particular en el que tacha al juez ponente y a los cinco vocales que han refrendado el fallo, de ser unos profanos en Derecho Constitucional. Ahí es nada.

Margarita Robles, ministra de defensa, tampoco ha esgrimido razones de peso legal. Se ha limitado a decir que el Alto Tribunal ha perdido el sentido de Estado al declarar anticonstitucional la primera declaración del Estado de Alarma, o al menos eso insinúa al decir que debería haberlo tenido al respecto y haber hecho la vista gorda.

Estimada ministra, me han sorprendido sobremanera sus declaraciones. El TC es un órgano colegiado. ¿Qué significa esto? Que los vocales, tras estudiar la norma a debate y forjarse una idea de la verdad, siempre subjetiva; deciden por separado la constitucionalidad, o no, de la norma o disposición tomada por los poderes públicos.  Tras este trámite se reúnen, exponen sus conclusiones y someten la decisión final a una votación en la que cada uno de ellos, de forma individual, sin ningún tipo de presión, con su propio sentido de Estado, vota. La resolución es fruto de una mayoría cuyo sentido de Estado «y perdone que me repita tanto» es similar.

Apelar a ese sentido por su parte es dejar al descubierto que, para usted, solo su opinión es la correcta, que el tribunal entero, —los once vocales que lo componen en estos momentos por estar el duodécimo suspendido— deberían pensar como usted o, lo que es peor, seguir sus instrucciones o las de cualquier otra voz del Gobierno. Vamos, que ha asomado usted la patita totalitaria por debajo de la puerta; esa que, tanto el Ejecutivo actual, como su partido y la izquierda española en general, tratan de ocultar al pueblo, a Europa y al mundo entero.

Una democracia, señora ministra, no puede existir sin un Estado de Derecho, es inviable. Le cito lo que respecto a este concepto dice el secretario general de la ONU: «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante esta, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y trasparencia procesal y legal».

¿En qué renglón dice que es doctrina del gobierno?

Se han acostumbrado ustedes, junto con sus socios golpistas y terroristas, a mancillar el honor del Estado español y de sus instituciones, y ya lo hacen de forma natural, sin rubor de ningún tipo. No solo no respetan sus estructuras básicas: Constitución, Tribunal Supremo, Constitucional, de Cuentas…, ya no respetan ni la soberanía nacional (léase mesa de diálogo de Cataluña y sus decisiones a espaldas de los españoles). Ustedes atacan al Estado tan descaradamente y de una forma tan irresponsable que, hasta miembros de su gobierno, han pregonado impúdicamente desde púlpitos internacionales, que el Estado que dirigen mantenía presos políticos, —digo mantenía, porque con total falta de respeto a España, a los españoles y al tribunal que los sentenció, ustedes los han indultado sin sentido alguno de Estado, valga la redundancia— que hay españoles exiliados por no poder defender sus ideas en su país, o expresarlas públicamente a través de canciones. Su irresponsabilidad, señora Robles, y la de sus compañeros de gabinete es demencial.

Lo peor de todo esto, es que ustedes sabían tan bien como lo sabe el TC que su medida no estaba ajustada a Derecho, que para dar cumplimiento a esos fines deberían haber declarado el Estado de Excepción. No lo hicieron porque sus socios golpistas, separatistas y terroristas, no se lo permitieron porque dejaba a las autonomías sin competencias. Ese es el punto sórdido de esta situación a la que nos han llevado.

Solo toman decisiones en función de sus resultados electorales, sin tener en cuenta al Estado. ¿Lo tuvieron ustedes cuando omitieron tomar la decisión correcta? ¿Lo tuvo Pedro Sánchez cuando presentó su moción de censura contra un gobierno estable, alegando unas corrupciones anteriores, para luego crear otro con el apoyo de golpistas y terroristas? ¿A caso sus socios no son tan corruptos cómo lo podía ser el gobierno anterior? Atacar la Constitución y la integridad territorial, o intentar enajenar un territorio del Estado desde el poder que les otorgaba la Constitución, ¿no es corrupción, señora Robles? ¿De verdad es mejor tener a estos impresentables en el gobierno, sabiendo que son enemigos declarados del Estado?

Algún día el Estado de Derecho tendrá que ponerles a ustedes en su sitio. Entonces acusaran a la institución de fascista, evidentemente para ustedes cualquiera que respete las estructuras del Estado lo es.