Desde la entrada en vigor de la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), muchos han sido los episodios en los que esta ayuda se ha visto envuelto, sobre todo por el desbordamiento para atender a los solicitantes. En esta ocasión, la diputada de VOX por Ceuta, Teresa López, se ha dirigido al Ejecutivo para saber “a qué se debe el cambio de proceder del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuando aseguraban que las gestiones del IMV serían llevadas por los trabajadores de la Seguridad Social”. “¿Se debe al desbordamiento del personal?”, pregunta López.

Tal y como ha señalado la parlamentaria ceutí, los trabajadores de los Servicios Sociales comunitarios de las distintas comunidades autónomas “han recibido instrucciones acerca de las certificaciones que a partir de ahora deben elaborar los Servicios Sociales”, a través del documento 'Guía de Procedimiento'. En el mismo se especifica que “la prestación hace necesario este mecanismo de colaboración con las entidades locales para agilizar y facilitar el acceso al IMV a las personas en riesgo de exclusión”. “¿Con esta nueva medida pretende delegar el Gobierno las funciones del IMV a las Comunidades Autónomas?”, interpela la diputada de VOX.

Además, en la 'Guía de Procedimiento' se especifica que “se trabaja en la posibilidad de que puedan existir acuerdos con los ayuntamientos”. Por ello, López quiere saber si una vez asignadas las funciones de acreditación de los trabajadores sociales, “el Gobierno va a presupuestar una partida específica para dotar a las CCAA conforme a las necesidades y sobrecarga que este cambio en el procedimiento les va a ocasionar”.