El proyecto para la construcción en los terrenos de ampliación del muelle de Poniente de una fábrica de cervezas podría estar en riesgo. En estos momentos, el trabajo de Procesa se tambalea, después de que se conociera ayer que los inversores de la sevillana 'Cervezas Gran Vía' se querellaran contra el fundador "por estafa agravada, administración desleal, falsedad en documento mercantil y organización criminal", como así ha publicado 'El Confidencial'  en una información firmada por Carlos Hernaz.

El proyecto, del que se supo a primeros de abril y que adelantó 'Ceuta Ahora' contemplaba ubicarse en la ampliación del muelle de Poniente en una superficie de unos 6.000 metros cuadrados y Procesa apadrinaba tras varias reuniones con los defensores del proyecto sevillano, interesados en instalarse en Ceuta por sus beneficios fiscales. Los querellados son el empresario Francisco Cánovas "y su testaferro" Javier Sbert, según cita el diario en su sección especializada de 'Empresas'. Los querellantes son los empresarios Francisco Rivera (Gestamp), Mariano de Miguel (Clayton), Alberto Rodríguez-Fraile (A&G) y Javier Suárez (Suárez Joyeros) "que se jugaron en esta aventura 12 millones de euros antes de descubrir la operativa de su socio", relata 'El Confidencial'.

Tras investigaciones realizadas por los empresarios querellantes, acusan a Cánovas de crear "un entramado societario para montar un cascarón vacío que ofrecía una falsa apariencia de solvencia económica sirviéndose de las concesiones de ayudas públicas".

Cervezas Gran Vía pretende instalarse en los terrenos de ampliación del puerto con una inversión aparente de unos 20 millones y con al menos medio centenar de empleos directos en una infraestructura que ocuparía unos 6.000 metros cuadrados.

La situación societaria y las pugnas entre inversores de la empresa sevillana erradicada en Alcalá de Guadaira, para la fabricación de barriles de cerveza destinada a la Hostelería y Restauración, pone en peligro la solvencia y consistencia del proyecto para su implantación en Ceuta que debería de contar con participación directa de empresarios ceutíes y en el que Procesa, como entidad promotora y captadora de inversión, se había involucrado.