El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha recibido esta mañana la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJCE) sobre la demanda presentada en noviembre de 2015 sobre el Reglamento de la Asamblea, en el que consideraban que vulneraba la Constitución Española y un buen número de leyes de nuestro ordenamiento jurídico.

Para el MDyC es "una prueba más de la interpretación torticera que el Desgobierno del Sr. Vivas ha venido haciendo en sus veinte años de detentación de un poder demasiado absoluto, que le ha permitido, sin oposición alguna hasta que el MDyC llegó al Ayuntamiento, hacer de su capa un sayo y reglamentar a su antojo".

Desde el MDyC consideran, "aunque tardía", una sentencia "muy instructiva" en la que se le indica al Ejecutivo local  "no puede interpretar la ley a su antojo y que debe atenerse al ordenamiento jurídico vigente". Así en cuanto al nombramiento de miembros del Consejo de Gobierno no electos, el TSJCE señala que “este motivo de impugnación ha de ser acogido, declarando la ilegalidad e inconstitucionalidad de las disposición.” Y subraya que “a pesar de lo que afirma el Consejo de Estado en el Dictamen 4019/2016, considera la Sala que existen razones que conducen, en el aspecto ahora controvertido, a una conclusión contraria”. Dando la razón al MDyC cuando indicábamos que el Consejo de Estado solo es un organismo de consulta, no decisivo y sus dictámenes no pueden tomarse como ley.

Igualmente la sentencia, da la razón al MDyC cuando denuncia "que al puesto de Secretario del Ayuntamiento no se lo podían poner cortapisas para su elección, indicando el TSJCE que “sin necesidad de examinar otras cuestiones procede declarar la nulidad”. Desde el MDyC "entendemos que la sentencia del TSJCE demuestra que el Desgobierno del Sr. Vivas debe, como toda la ciudadanía, acatar la Constitución y cumplir con las normas legales que están en vigor. Por ello, para el MDyC esta sentencia nos permite seguir actuando como hasta ahora con una oposición responsable, que haga cumplir la ley al ejecutivo local".