"Establecer un protocolo de actuación en zonas donde un agente de la Policía Local sólo puede actuar de oficio o en auxilio de la Guardia Civil y Policía Nacional, no protegerá jurídica ni patrimonialmente a los agentes de Policía Local ya que según la legislación no tienen competencias", asegura la Central Sindical Independiente de Funcionarios.
 

El sindicato denuncia que el documento "que pretende firmar el Gobierno Local no sólo no protege jurídica y patrimonialmente a los agentes de Policía Local si no que además, subordina al cuerpo local ante la Autoridad Portuaria y además sobrepasa absolutamente la legislación estatal propia y de Puertos del Estado".

"Por si fuera poco -continúa el escrito-, dicho documento se compone, como si fueran erratas dentro del texto, terminología incorrecta que no contempla la ley y asume competencias al cuerpo local que la propia Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye, a la Guardia Civil".

Versa el documento de “término municipal” cuando la terminología que en realidad usa la normativa es “casco urbano”, algo que consideran, no es lo mismo.

"Asunto más grave", si cabe, es que el protocolo marca la obligación de los agentes de Policía Local de trasladar los partes de intervenciones policiales a las dependencias de la Autoridad Portuaria, "algo que entendiendo los datos que contiene son de carácter especial de protección de datos según la Ley 15/1999 de Protección de Datos y por tanto, seria contrario a la normativa", agregan.

Además, el Gobierno "ha vendido públicamente otorgándole carácter de informe, a un email remitido por la Abogada del Estado" tras una consulta, por email también, de la Autoridad Portuaria donde ella misma llega incluso a advertir que, “habida cuenta que se trata de un protocolo que no implica la asunción de ninguna obligación ex novo, si no una mera declaración de voluntad de coordinar competencias ya atribuidas por la normativa tanto a la Autoridad Portuaria como a la Policía Local”.

"No podemos entender -dice CSIF- cómo pretende cometer esta barrabasada el Gobierno Local cuando la propia Audiencia Nacional en su sentencia de mayo de 2014 deja claro y así lo indica no sin antes recordar los artículos 14 y 52 de la Ley 2/1992 de Puertos del Estado y la Marina mercante y, el 58.2.d) de la Ley 48/2003, de régimen económico y prestaciones de servicios de los puertos, que 'los  recintos portuarios son considerados bienes de dominio público estatal y los municipios no pueden tener en ellos competencias'.

"Desde CSIF con el ánimo de proteger a los agentes de la Policía Local para que así, no vean peligrar la integridad jurídica y patrimonial de los mismos, haremos todo lo que esté en nuestra mano para conseguir que el Gobierno no apruebe un documento que entendemos es contrario a la normativa poniendo en peligro de nuevo, a los futuros agentes que desarrollen allí sus funciones", han concluído en su comunicado.