Hace ya siete años que se veía con preocupación en Ceuta la construcción ilegal y el aumento del padrón municipal, dado que tanto la Delegación del Gobierno como la Ciudad señalaban por aquel entonces que “podrían estar vinculados”.

Aparte del “clima de colaboración y cooperación institucional”, también se buscaron fórmulas para repasar “la situación" de un área tan importante como la disciplina urbanística. En aquellos encuentros participaron Francisco Antonio González como delegado del Gobierno, a quien se unían otros representantes de la institución, mientras que por la Ciudad asistían Juan Vivas acompañado de Guillermo Martínez (Fomento) y Yolanda Bel (Presidencia), además de Juan Manuel Doncel como director entonces de la GIUCE, ese híbrido de casas y cosas en lo que se llamó Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta.

Sea como fuere, la construcción ilegal sobre suelo español venía afectando incluso a terrenos militares. Pero esa situación parecía haber llegado a un punto de no retorno. Un caso: en julio de 2012, en la Agrupación Este del Príncipe se precintó por parte de la Policía Local una obra incipiente de la que llegaron a tener conocimiento tanto la entonces directora general de Fomento, Carolina Pérez, como la consejera de Fomento, Susana Román. Un mes después del precinto, la casa estaba terminada, pintada, con número y ya habitada. Sin tocar el tema de que hasta el propio ministro de Interior, Jorge Fernández, fue llevado con pompa y prensa a ver los terrenos donde se quería construir la nueva comisaría de policía y se los encontraron con el inicio de otras obras ilegales, y en zona catalogada como verde, para mas inri.

Personalmente no podría decir que la construcción ilegal y el aumento del padrón estén relacionados, entre otras cosas, porque aquellas reuniones específicas se terminaron con el fallecimiento en 2015 de Francisco González, quien me consta expresaba mucho interés en solventar este tipo de actuaciones.

De lo que no hay duda es de que Marruecos es el principal influencer de Ceuta en los aspectos económicos, migratorios, censales y políticos. Prueba de ello es que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 2013 y 2018, un total de 1.485 marroquíes han pasado a tener DNI español, a mucha diferencia de otros países. De la misma manera que un estudio demográfico publicado no hace mucho por la  Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) señala que el 43% de la población ceutí es musulmana.

Marruecos, como referente vecinal y fronterizo, no es ajeno a estos datos estadísticos, que apuntan a que Ceuta en el futuro va a tener cambios sociológicos y demográficos de importancia que, por su fuerza, serán cambios consolidados a futuro. Los gobiernos del Estado y de la Ciudad desde hace muchos años parece que no han actuado conforme al dictado de algunas leyes constitucionales, bien por comodidad, bien por dejadez o bien por intereses geoestratégicos impuestos.

Sea como fuere, la bella ciudad autónoma, ejemplo de convivencia interreligiosa, entre otras, parece que debería prepararse para un nuevo futuro cuyos cambios se antojan irreversibles, según los algoritmos que se van conociendo.