Una investigación seguida desde hace meses sobre el desarrollo de la gestión, en su día a día, pone en cuestión los métodos de obligado cumplimiento en un contrato de los más importantes que firma la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma, en concreto con la recogida, almacenamiento, transporte a la península y eliminación de subproductos animales que en sus siglas en inglés se denomina 'SANDACH'.

Para conocer de la importancia que para la salud pública tiene las rigurosas exigencias de las medidas a aplicar con este tipo de residuos, cabe mencionar, a modo de recuerdo el por qué se toma con tanta exigencia el cumplimiento estricto de este protocolo...

Coincidiendo con la publicación de esta investigación, se cumplen 24 años desde la aparición del primer caso de encefalopatía espongiforme en Reino Unido. Esta grave crisis alimentaria ha quedado en nuestro recuerdo como una de las alertas alimentarias con mayor repercusión sobre consumidores y autoridades sanitarias europeas. Conocida como enfermedad de las vacas locas, ésta no tiene su origen en las propias vacas, sino en los subproductos animales que se emplearon en su día como alimento integrado en los piensos utilizados por la industria ganadera.

A raíz de este problema y a fin de limitar la propagación de nuevos casos, surgió una nueva reglamentación sanitaria que, entre otros, regula la gestión de este tipo de “subproductos animales no destinados al consumo humano” más conocidos por sus siglas “SANDACH”, limitando de esta manera su empleo y considerándolos como productos de máxima seguridad, diferenciados en tres categorías, según su riesgo y estableciendo la forma de transformación y las condiciones para su utilización o eliminación.

El SANDACH y Ceuta

A nivel nacional, la protección de la salud es un mandato constitucional que se materializa mediante una importante regulación legal nacional, que ha sido transferida en su ámbito a la Ciudad Autónoma de Ceuta, según recoge su Estatuto de Autonomía, que junto a su dotación presupuestaria, medios e instrumentos necesarios permiten proteger, al menos teóricamente, la salud individual y colectiva de todos los ceutíes. En esta escala local, la regulación sanitaria comunitaria define a Ceuta como “zona remota” y consiguientemente todos los residuos SANDACH generados en la cadena de producción y distribución de alimentos deben ser recogidos, almacenados y transportados para su eliminación como subproductos de tipo C1 (mayor escala de peligrosidad). Para la consecución de estos objetivos, la consejería de sanidad acordó en 2015 la adjudicación del contrato nº 82, consistente en el desarrollo del servicio de gestión integral de subproductos de animales no destinados al consumo humano, con una duración de 4 años y un importe de 1.269.776,58€.

Es precisamente este contrato, de cuya buena ejecución depende, en cierta medida, la seguridad alimentaria y sanitaria de Ceuta y su entorno, el que nos ocupa por los  incumplimientos que se estarían llevando a cabo en este importante y sensible contrato, sin que -en apariencia, por los resultados- se vea sometido a inspecciones y controles de la gestión.

Ceuta Ahora ha tenido acceso a una investigación que junto a un archivo fotográfico recabado durante el último año, manifiestan unos presuntos incumplimientos legales y contractuales, que pondrían en entredicho el correcto desarrollo de la actividad por parte de la adjudicataria, unido a un también presunto control inexistente por parte de la administración y sus medios, con las consiguientes repercusiones que pueden tener esta mala praxis desde el punto de vista sanitario.

Los archivos demuestran la presunta comisión de varios incumplimientos de peso que deberían llegar al órgano competente de la administración de justicia para su valoración como constitutivos de un presunto delito contra la salud pública y el medioambiente, además de un más que posible incumplimiento del objeto del contrato.

En primer lugar, esta investigación evidenciaría el depósito de subproductos animales embolsados en contenedores de recogida ordinaria de residuos doméstico, que más tarde ha sido corroborado como práctica habitual en el servicio, lo que supone un incumplimiento grave dentro del objeto del contrato, fundamentado posiblemente en el ahorro que obtendría la adjudicataria por no tener que transportar hasta la península para su incineración los restos SANDACH depositados en contenedores de recogida de basuras ordinario.

Estiércol

Pero esto no sería todo, tal y como se incluye en la fotografía adjunta, la cláusula 7ª del pliego de prescripciones técnicas contempla la gestión de subproductos procedentes de ciertas explotaciones ganaderas, incluidos los residuos de estiércol también englobados dentro de normativa SANDACH, concretamente de las instalaciones ganaderas: herederos de Jimena, Juan Carlos Vallejo Salado, Mustafa Mohamed Layachi y Miguel /Francisco Sánchez Pérez, así como las que se puedan autorizar en su momento, siendo esta actividad calificada como actividad de especial interés dentro del objeto del contrato.  Sin embargo, la realidad es que tras casi 4 años de servicio la adjudicataria no ha gestionado ni un solo kilogramo de este tipo de subproductos.

Aún peor, fuentes del sector ganadero de la ciudad, han comunicado que la Ciudad les ha reclamado la gestión de sus residuos, sin caer en la cuenta (o cayendo pero queriendo) que esa concreta gestión la abonan los ciudadanos a través del actual contrato suscrito con la adjudicataria del SANDACH.

Por último y no menos importante, las instalaciones donde se estarían almacenando estos residuos ubicadas en el monte Hacho, cerca de un lugar de interés comunitario, zona de especial protección de aves y lugar frecuentado por aves migratorias (potenciales portadoras en un hipotético brote de enfermedad existente en la instalación), carecen -en apariencia- del debido control de vertidos de lixiviados procedentes de cadáveres y otros restos en descomposición almacenados. En varias visitas a esta instalación se comprobó como los contenedores se encontraban abiertos, totalmente accesibles, y de su interior surgían lixiviados que vertían directamente al monte, lo que da a entender que las condiciones de almacenamiento exigidas, teóricamente en congelación, no se estarían produciendo, además del preocupante estado de abandono y desorden, impropios e inadmisibles para un servicio de este tipo.

La Salud Pública no es para tomarla en broma y, con las fotografías que publicamos debería ser suficiente como para la apertura inmediata de una investigaciòn que depure responsabilidades.